En esta coyuntura, dolorosa y dramática, que conmueve a la sociedad y profundiza el reclamo legítimo de Justicia, el Observatorio advierte:

1- La vigencia y necesario cumplimiento efectivo de la ley provincial número 10185 y su modificatoria 10286, conocida como ley de Victimas, que detalla los derechos de las víctimas en todas las etapas administrativas, procesales y de ejecución de la pena de lxs condenadxs, por parte de la Policía y lxs operadorxs judiciales, especialmente en lo que concierne a la inmediata recepción de denuncias, la pronta tramitación correspondiente y la notificación y participación de la familia de la víctima en cualquier medida respecto al acusado o condenado.


2- Cumplimiento del protocolo de actuación establecido en el decreto 093/2018, ratificado por Ley 10.057 que obliga a la Policía de la Provincia y organismos competentes en violencia de género y contra niños, niñas y adolescentes, la tarea de notificación, seguimiento, visita periódica a la víctima y comunicación con la misma, a fin de protegerla y detectar cualquier incumplimiento que ponga en peligro su vida y su integridad y comunicarlo al órgano judicial interviniente en el caso.

3-Activar las medidas de prevención y protección en forma inmediata y continua sin ningún tipo de demora, dilación o relajamiento.

La erradicación de toda violencia, la defensa de la vida y la integridad, la sanción penal efectiva del responsable del delito, está por encima de todo y no admite conceciones que deterioren la convivencia pacífica en la sociedad.

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